“Las sanciones … van en contra de siete funcionarios actuales y antiguos del gobierno venezolano y un individuo que ha participado en acciones o políticas que socavan procesos democráticos en Venezuela”
El coronel Bladimir Humberto Lugo forma parte de los últimos ocho funcionarios simpatizantes al gobierno oficialista a los quee el Departamento del Tesoro de Estados Unidos les prohibió el ingreso a territorio estadounidense, les congeló sus bienes y fondos en ese país y les ordenó a sus ciudadanos y empresas abstenerse de hacer cualquier negocio con él.
Lugo ha saltado a la palestra en las últimas semanas por agredir al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, cuando este le exigió explicaciones por las cajas con el logo del Consejo Nacional Electoral (CNE) que estaban almacenando en la sede del Parlamento; y además por no actuar cuando grupos afectos al oficialismo asaltaron el Palacio Federal Legislativo, el pasado 5 de julio, luego de que se desarrollara la sesión especial con motivo del 206 aniversario de la Firma del Acta de Independencia.
En este último hecho, el segundo registrado desde que la oposición es mayoría en la AN, al menos siete diputados y trabajadores del Legislativo fueron heridos, sin contar que varios periodistas e invitados fueron robados y posteriormente secuestrados durante horas en el Capitolio, sin que los uniformados a cargo del coronel tomasen acciones al respecto.
Para las autoridades estadounidenses el comportamiento del coronel, quien de paso ha sido señalado en reiteradas ocasiones de impedirle a los periodistas ingresar a la sede de la AN para poder cubrir las sesiones y otras actividades parlamentarias, ha supuesto un atentado contra “las instituciones en Venezuela”.
“Las sanciones (…) van en contra de siete funcionarios actuales y antiguos del gobierno venezolano y un individuo que ha participado en acciones o políticas que socavan procesos democráticos o instituciones en Venezuela”, señaló el Departamento del Tesoro en el comunicado donde informó de la incorporación de ocho venezolanos más en la lista de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en clara alusión al uniformado.
Antes de haber sido removida por la cuestionada Constituyente la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, le abrió una investigación al uniformado y lo citó para imputarlo. Sin embargo, Lugo desacató abiertamente la convocatoria del Ministerio Público.
