Los bonos venezolanos cayeron en el mercado secundario el miércoles
El rendimiento del bono de la petrolera estatal PDVSA al 2037 subió a su nivel más alto desde febrero de 2016, con una baja de precio a 29 centavos de dólar. El bono soberano de Venezuela al 2038 cayó 1,5 centavos a 34,1 centavos, según datos de Reuters.
La administración del presidente Donald Trump está considerando nuevas sanciones contra el gobierno de Venezuela, incluyendo la posibilidad de prohibir temporalmente a los bancos regulados por Estados Unidos negociar la deuda venezolana, dijo una fuente con conocimiento de las discusiones, lo que confirmó un reporte anterior de Wall Street Journal.
"Mi sensación es que terminaremos con algo parecido a la prohibición a las emisiones primarias de Rusia", dijo un gestor de fondos a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. "No creo que se amplíe a las transacciones del mercado secundario".
Los bonos son comprados inicialmente por grandes instituciones financieras en el mercado primario y luego se negocian en el llamado mercado secundario, donde los precios de los papeles pueden subir o bajar dependiendo de la probabilidad de una cesación de pagos.
Una prohibición en el mercado secundario tendría un impacto en bancos e inversores institucionales que tienen y negocian unos 60.000 millones de dólares de deuda en circulación de Venezuela.
Algunos estrategas piensan que tal decisión afectaría desproporcionadamente a los inversores en bonos y haría poco o ningún daño a PDVSA o Venezuela, que de todas formas están en la práctica excluidas del mercado de bonos.
"Causaría más mal que bien; no sé cómo daña PDVSA o Venezuela", dijo Siobhan Morden, director de estrategia de renta fija de Nomura en Latinoamérica.
"El mercado está bajando, pero creo que pasará una vez que nos demos cuenta de que no es un enfoque lógico", agregó.
Credit Suisse ya ha prohibido a su personal negociar algunos papeles de Venezuela debido al riesgo para su reputación, según un memorando interno visto por Reuters, en el que se dice que el banco no quiere verse involucrado en operaciones con un gobierno que viola los derechos humanos.
