El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, se mostró hoy consternado por la "dura" y "preocupante" sentencia de 13 años, 9 meses y 7 días contra el dirigente opositor Leopolo López.
"Además, estamos preocupados por el derecho de López a un juicio justo, dada la información recibida sobre las irregularidades ocurridas durante su proceso, como la falta de evidencias para la acusación, el rechazo de testigos de la defensa y los comentarios contra él expresados por altas instancias del gobierno de Venezuela", indicó Colville en Ginebra.
El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, también manifestó su preocupación por la "naturaleza política del proceso judicial y el veredicto y el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los críticos del gobierno".
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, demandó que López y "todos los presos políticos injustamente encarcelados" en Venezuela sean puestos en libertad.
El senador Marco Rubio, precandidato presidencial republicano, le pidió al gobierno de Obama que implemente la "Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil en Venezuela de 2014", que le niega las visas y congela los bienes de los violadores de derechos humanos.
"El arresto y encarcelación de Leopoldo López demuestran de forma evidente que el juicio y la sentencia de prisión han sido una farsa", dijo Rubio según difundió El Nuevo Herald. Y agregó: "El régimen venezolano le está robando su libertad a Leopoldo, a su esposa su esposo, a sus hijos su padre y al pueblo venezolano lo está privando de un líder comprometido con sus aspiraciones democráticas".
Ileana Ros-Lehtinen, también republicana de la Florida, le pidió al gobierno que le imponga sanciones a los jueces, fiscales y funcionarios penitenciarios que "participaron en esta sentencia llena de motivos políticos".
"Me parece que es muy mala idea utilizar los tribunales de Justicia para castigar ciudadanos por sus opiniones políticas. Lo fue en Sudáfrica con Mandela, en Uruguay con Pepe Mujica y lo es en la Venezuela de hoy", declaró el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, a los periodistas tras un evento oficial.
Al ser preguntada por el caso López en una rueda de prensa, la vicepresidente del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió "respeto a las garantías procesales y a la libertad de todos" y que las elecciones legislativas convocadas en Venezuela para el 6 de diciembre sean "libres, justas, inclusivas y transparentes".
El ex presidente colombiano Álvaro Uribe calificó de "infamia" el juicio al dirigente del partido Voluntad Popular (VP) y subrayó que "la esperanza de libertad de Leopoldo está en los días contados que le quedan a la tiranía".
Otro ex gobernante colombiano, Andrés Pastrana, quien en mayo pasado trató sin éxito de entrevistarse con López en la cárcel, escribió en Twitter que "injustamente se ha condenado a un gran demócrata de América Latina".
"Presidente Nicolás Maduro, su sentencia será dictada el próximo 6 de diciembre", añadió Pastrana, en alusión a los comicios.
Felipe González: "Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto"
El ex presidente del gobierno español Felipe González, quien meses atrás se ofreció como asesor jurídico de la defensa de López, afirmó hoy que "Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto". Es un país -dijo- en el que el "presidente decide por el Parlamento y por la Justicia".
La organización Human Rights Watch (HRW) consideró hoy la condena impuesta a López "injusta" y a la vez reveladora del "deterioro extremo" que, a su juicio, sufre el Estado de derecho en Venezuela.
Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, "este caso es una farsa". "En un país sin independencia judicial, una jueza provisoria sin inamovilidad en el cargo condena a cuatro personas inocentes luego de un proceso en el cual el Ministerio Público no aportó evidencias que los vinculen con delito alguno, no se permitió a los acusados ejercer su defensa adecuadamente", afirmó Vivanco.
Junto a López fueron sentenciados otros tres opositores, acusados como él por delitos vinculados a las protestas de 2014.
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