Gran parte de la Información recabada por hackers y espías de la revolución bolivariana en Venezuela es manipulada en un laboratorio especializado, para ser usada como munición con un objetivo preciso: acosar y acallar a los críticos del gobierno de Maduro
Uno de los más activos laboratorios en Venezuela no tiene tubos de ensayo ni compuestos químicos, sino equipos digitales y especialistas que tienen una tarea específica que no desempeña ningún otro laboratorio: convertir toda la información interceptada por hackers y espías a ciudadanos comunes y activistas de la oposición, para usarlas como proyectiles en la guerra total del gobierno de Nicolás Maduro contra sus más acérrimos críticos.
Como en un conflicto bélico, oficiales y dirigentes de la llamada revolución bolivariana, que actualmente atraviesa por su peor momento desde 1999, destinan cuantiosos recursos para financiar este laboratorio digital, y pagar centenares de agentes y analistas para seguir, acosar, espiar, intervenir comunicaciones y levantar expedientes que terminan alimentando procesos judiciales o una estrategia mediática para ridiculizar, acusar y perseguir penalmente a líderes opositores venezolanos, usando la evidencia obtenida por medios ilegales para tales estrategias.
Gran parte de la información obtenida a través de las intervenciones electrónicas, realizadas por el Centro de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), han sido utilizadas para denunciar a enemigos del gobierno dentro y fuera del país, después de haber sido “editadas” para adaptarlas a la narrativa oficial.
Reportes del Cesppa presuntamente enviados por los llamados “patriotas cooperantes”, chavistas de calle que por propia iniciativa infiltran actividades opositoras para proteger la revolución, terminan con frecuencia en manos del ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso del régimen, y otros dirigentes políticos chavistas como el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez. Cabello, particularmente, ha usado esos reportes como materia prima para su programa de televisión “Con el Mazo Dando”, un talk show donde expone conversaciones y mensajes privados de líderes opositores y periodistas, para desacreditarlos públicamente.
Según centenares de documentos revisados por Vértice, el laboratorio del Cesppa conduce una acuciosa labor de procesamiento y edición del insumo que recibe de los hackers y espías, incluyendo audios y videos a presos políticos como Leopoldo López; análisis y seguimiento de mensajes en redes sociales como Twitter, y vigilancia a los tuiteros que distribuyen mensajes antigobierno; manipulación de registros de correos electrónicos para ser usados como evidencia legal contra opositores dentro y fuera del país; y reportes de inteligencia que alimentan una sostenida campaña mediática contra la oposición venezolana.
Los equipos del laboratorio
De acuerdo a catálogos, recibos y órdenes de compra revisados por Vértice, el laboratorio del Cesppa adquiere sus equipos de vigilancia y monitoreo electrónico a proveedores extranjeros, entre ellos uno localizado en Miami, y a través de varias empresas en Venezuela. Los equipos incluyen laboratorios forenses digitales, cámaras de visión nocturna, micrófonos miniaturizados, editores especializados de audio para investigaciones criminalísticas, software para análisis de datos telefónicos y tecnología para intervención y análisis de teléfonos celulares.
Las firmas Winsys Security, con sede en Caracas, y Dangernet C.A., con sede en San Cristóbal, son las dos empresas que aparecen en los documentos filtrados como proveedoras de equipos al Cesppa. Winsys Security tiene a su vez como proveedor a la empresa AG & Jireh Supplies, con sede en Doral, Florida, revelan los documentos.
En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) aparecen dos firmas –Winsys Design C.A., y Winsys Security C.A.–, “habilitadas para contratar con el Estado”. La empresa Dangernet no aparece registrada en el RNC.
Las facturas muestran adquisiciones por un monto combinado de 1 millón de dólares en equipos sofisticados de vigilancia y procesamiento electrónico de información interceptada.
Por ejemplo, en enero de 2014, Winsys adquirió dos unidades de cámaras Falcon Eye KC-2000, con capacidad de visión nocturna a color por un precio superior a los 250 mil dólares fabricados por la firma Komamura Corporation de Japón. También adquirió un kit de cámaras Oculus, utilizada para visualizar imágenes de realidad virtual, por casi 92 mil; unidades de V-Prox Bioscrypt, un sistema de encriptación biométrica a un costo de 3.600 dólares; y 4 servidores Hewlett-Packard HP Proliant DL560 Gen8 E5-4610, por un total de 64 mil 350. El total de la factura: 493 mil 409 dólares incluyendo casi 40 mil de impuestos, $25 mil por “gastos de internación Europa”, y $7.409 en honorarios para el “Gestor Roma”.
Una nueva compra el 24 de Abril de 2014, incluyó dos cámaras Falcon Eye KC-2000, cuatro teleobjetivos, y un micrófono con parabólica direccional G-PKS PRO Ex Parabolic Directional Microphone, con un costo cercano a los 14 mil dólares en la factura.
(Algunos de los productos incluidos en las compras tienen un sobreprecio de hasta un 50%, según verificó Vértice tras comparar precios en el mercado con los de la factura).
Los documentos filtrados incluyen información provista por la firma Winsys Security sobre equipos y software con aplicaciones para intervenir y procesar teléfonos celulares. Por ejemplo, el sistema XRY Complete, ofrece capacidad para “extraer” toda la información sensible en un teléfono móvil. El sistema XAMN, es usado para analizar la información extraida de los celulares cuando la data es de gran tamaño.
Otras aplicaciones incluyen Sound Cleaner II, un programa profesional de “supresión de ruidos y mejoramiento de las señales de audio”, empleado en procesos de peritaje judicial; SIS II, un editor de audio especializado que analiza el espectro de la voz captada; y la estación forense de audio IKAR Lab Pro II, igualmente utilizada para edición de audios.
El mismo equipo de hackers que preparó y realizó las interceptaciones de las comunicaciones de Leopoldo López y otros dirigentes opositores en prisión, llevó a cabo otra tarea no menos crítica: preparar evidencia técnica aparentemente con falsos datos, para hacer pasar como legítimos una serie de correos que fueron usados para acusar a críticos del gobierno que residen fuera de Venezuela, de supuestamente organizar un magnicidio contra Nicolás Maduro.
El 28 de mayo de 2014 el alto mando político del gobierno venezolano encabezado por el alcalde Jorge Rodríguez, denunció en una conferencia de prensa un plan de magnicidio y golpe de Estado contra Nicolás Maduro, presentando como evidencia una serie de correos electrónicos de Google hackeados por el Cesppa presuntamente pertenecientes a varias personalidades opositoras al régimen de Maduro, entre ellas: la dirigente María Corina Machado, del partido Vente Venezuela; Henrique Salas Römer, ex gobernador de Carabobo; el ex diputado Gustavo Tarre; el diplomático Diego Arria; el empresario Pedro Mario Burelli; el abogado Ricardo Koesling y el activista anticastrista Robert Alonso.
Otras personas mencionadas en los correos también fueron incluidas por Rodríguez en la presunta conspiración: el diplomático norteamericano Kevin Whitaker, y el banquero venezolano exilado en Miami, Eligio Cedeño.
Poco tiempo después de las denuncias Pedro Burelli desmintió las acusaciones en su contra y aseguró que los correos mostrados en la denuncia de Jorge Rodríguez eran “falsificados”. A través de una acción judicial presentada ante el tribunal federal del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, Burelli solicitó a Google copia certificada de todos sus correos electrónicos de su cuenta, abierta en 2010, con la metadata asociada (encabezados o headers), un total de 10.030 correos. Luego la data se confrontó y verificó con una firma especializada en investigación forense digital con sede en California (Kivuconsulting.com), que certificó que ninguno de los correos incluidos en las denuncias pertenecían a su cuenta de Gmail, y en consecuencia habrían sido “falsificados”.
“Toda la evidencia verificada y objetiva es consistente con la falsificación de los correos relacionados a Pedro Burelli en el reporte del gobierno venezolano”, escribió el experto de Kivu Consulting, Winston Krone, en el informe forense.
Las denuncias también fueron calificadas de “falsas” por el Departamento de Estado norteamericano.
“Esas son falsas acusaciones en una larga línea de alegaciones sin base contra diplomáticos estadounidenses por parte del gobierno de Venezuela”, declaró la vocera Angela Cervetti.
Operadores del Cesppa estuvieron implicados en la polémica de los encabezados, de acuerdo a los documentos filtrados a Vértice. El operador identificado con la cuenta de correo “Administración Paseos”, remitió a uno de los jefes del Cesppa varios de los headers con el título “Solicitud del Avión”, con versiones en texto y en pdf de los encabezados que fueron presuntamente manipulados.
Un tiempo después, el 3 de Diciembre de 2014, el fiscal Nelson Mejía Durán, acusador de María Corina Machado, envió un correo a uno de los jefes del Cesppa con el título “Lo Conversado”. En ese mensaje incluyó un documento adjunto de dos páginas con el título de “Tips del Caso MCM”, referido a las evidencias para abrir un caso penal contra la dirigente María Corina Machado.
El documento también fue reenviado al Cesppa por la directora de la Fiscalía, Gioconda González Sánchez. Allí se presentó en siete puntos, entre ellos los presuntos correos de la conspiración contra Maduro, las pruebas de las conductas de Machado que “deben ser condenadas de forma independiente, pues no sólo constituyen un atentado contra la estabilidad política de la nación, sino una clara deslealtad a la patria”.
La batalla en Twitter
Los reportes de inteligencia del Cesppa muestran la obsesión del régimen de Nicolás Maduro con Twitter, en gran parte debido al extendido uso de esa red social en Venezuela, donde opera una de las más activas redes de tuiteros en el mundo.
Los reportes diarios de inteligencia enviados al despacho presidencial, varios de los cuales fueron revisados por Vértice, muestran al final de los resúmenes noticiosos una sección titulada “Comportamiento en Twitter”, que incluye las etiquetas más populares y los mensajes más críticos con la administración.
La preocupación de los chavistas con la red Twitter se debe a que “no la controlan”, dijo a Vértice Inés González, conocida tuitera venezolana cuyos mensajes opositores a través de @inesitaterrible, le significaron más de 9 meses de prisión por parte de la policía política de Venezuela.
“No hay nada más democrático que internet y esto es una tiranía que vive de la mentira y la alienación de las masas”, apuntó González.
En uno de los reportes del 14 de enero de 2015, se incluyeron comentarios de tres etiquetas. La primera de ellas, #AbastecimiendoEnMarcha, estaba posicionada en el primer lugar de la tendencia nacional, con casi 30.000 mensajes de tuiter promoviendo los supuestos esfuerzos del Gobierno Bolivariano (GB) para “garantizar la distribución justa de alimentos para el pueblo”.
