Maduro había propuesto una pena de hasta 25 años de cárcel, pero Moreno duplicó el castigo contra los que protestan
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, propuso ayer que las condenas máximas en Venezuela deberían pasar de 30 a 50 años de cárcel. «La pena de los delitos graves como traición, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria deben cumplir al menos los 50 años», dijo Moreno. Inicialmente Nicolás Maduro había propuesto una pena de hasta 25 años de cárcel, pero Moreno duplicó el castigo contra los que protestan, que, por supuesto, engloba a todos aquellos que se oponen al gobierno chavista.
El presidente del TSJ, además, anunció que los magistrados ponen sus cargos a las órdenes de la nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ante la cual confirmaron estar subordinados, como hicieron previamente el Poder Ejecutivo y el Electoral, dejando de nuevo al margen a la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
Por otra parte, ayer se conoció que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha ordenado a la ANC que retire la inmunidad al diputado Germán Ferrer por sus presuntos vínculos con una red de «extorsión» durante la etapa de su esposa, Luisa Ortega, al frente del Ministerio Público. Ortega fue apartada del cargo nada más ser constituida la ANC, como represalia por las críticas vertidas en los últimos meses contra el Gobierno de Maduro. El chavismo pone ahora en el punto de mira a su marido, miembro de la Asamblea Nacional en representación del partido gobernante.
Comisión de la verdad
Este anuncio coincide con la creación de la denominada «Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública», que estará integrada por la directiva de la ANC y tres diputados de los partidos de la oposición. También formarán parte de ella tres integrantes de organizaciones de víctimas de la violencia política, en el periodo de 1999-2017, y un representante de las organizaciones de derechos humanos venezolanas. La comisión, cuyo secretario general será Larry Bon Márquez, tendrá una vigencia de doce meses y funcionará en la sede del Museo Bolivariano de Caracas.
Para la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, el Estado venezolano tiene como línea fundamental garantizar la justicia, sustentada en la Constitución, para blindar la paz en la República y acabar con la impunidad. «La justicia no es solamente un derecho, es un alto valor constitucional, es un alto valor y fin del Estado, es un derecho y es una garantía».
